El uso de sistemas automáticos de vigilancia del tráfico por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha abierto un nuevo frente judicial. En los últimos meses, diversos juzgados han estimado los recursos de conductores sancionados por, supuestamente, rebasar una línea longitudinal continua, al entender que las pruebas aportadas por la Administración no acreditan de forma inequívoca que la infracción se cometiera.

Estas denuncias se tramitan desde el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (CTDA) de León. La base probatoria suele consistir en dos fotografías captadas por cámaras instaladas en determinados tramos de carretera donde está prohibido adelantar.

El problema surge cuando ninguna de esas imágenes muestra realmente el momento en que el vehículo pisa o sobrepasa la línea continua. Habitualmente, la primera fotografía recoge el vehículo antes de la maniobra y la segunda cuando ya ha rebasado su posición inicial, pero ninguna refleja el instante exacto en que se habría producido la infracción.

La presunción de inocencia también rige en el procedimiento sancionador

Pyramid Consulting, firma especializada en el recurso y la gestión de multas de tráfico y transportes, viene defendiendo que estas denuncias vulneran principios básicos del procedimiento sancionador cuando la prueba aportada no resulta suficientemente concluyente. La jurisprudencia ha recordado de forma reiterada que la presunción de inocencia, reconocida en la Constitución, es plenamente aplicable en materia administrativa sancionadora. Ello implica que corresponde a la Administración acreditar los hechos constitutivos de la infracción mediante pruebas de cargo válidas y suficientes.

Cuando un agente de la autoridad observa directamente la infracción, su denuncia goza de una especial presunción de veracidad respecto de los hechos que ha percibido personalmente. Sin embargo, en los casos analizados no existe percepción directa por parte de ningún agente, sino una captación automática mediante dispositivos electrónicos. Precisamente por ello, las imágenes deben constituir una prueba clara, objetiva e indubitada de la conducta denunciada.

Dos fotografías «antes y después» no siempre demuestran la infracción

Los tribunales que han estimado los recursos han puesto el foco en un aspecto esencial: las fotografías aportadas no permiten observar al vehículo sobre la línea continua ni rebasándola. Según las resoluciones obtenidas por Pyramid Consulting, no basta con que la Administración deduzca a partir de una secuencia de imágenes que la infracción se produjo. Lo exigible es una acreditación visual suficiente de los hechos sancionados.

Como explica Vicente Ynzenga, responsable del Departamento Jurídico de Pyramid Consulting, «la Administración no puede sustituir la prueba de la infracción por una mera inferencia o reconstrucción de lo que supuestamente ocurrió entre una fotografía y otra». A su juicio, si el elemento esencial de la conducta denunciada es sobrepasar una línea continua, ese hecho debe quedar reflejado de forma clara y directa en el material probatorio incorporado al expediente.

Certificados del sistema, pero no de la infracción

Junto a las fotografías, la DGT suele incorporar diferentes certificados técnicos destinados a acreditar el correcto funcionamiento de las cámaras y del sistema de captación de imágenes. No obstante, desde el punto de vista jurídico, una cuestión es demostrar que el dispositivo funciona correctamente y otra muy distinta acreditar que una infracción determinada se ha producido efectivamente. Los tribunales están diferenciando ambos conceptos: el correcto funcionamiento técnico del equipo puede resultar necesario, pero no exime a la Administración de aportar una prueba suficiente de los hechos concretos atribuidos al conductor sancionado.

Por tanto, aunque el sistema esté correctamente homologado o certificado, la infracción debe quedar igualmente acreditada mediante imágenes u otros elementos probatorios que permitan apreciar de forma inequívoca la conducta denunciada.

La cuestión de la señalización previa de las cámaras

Otro de los aspectos que está generando controversia es la ausencia, en muchos expedientes, de documentación relativa a la señalización informativa de estos sistemas de control. La Administración debería acreditar la existencia y la correcta ubicación de los avisos que informan de la presencia de cámaras destinadas al control de adelantamientos y del respeto de las líneas continuas. Sin embargo, en numerosos expedientes no consta informe específico alguno que permita verificar la existencia, ubicación o visibilidad de dicha señalización.

Un debate con importantes consecuencias jurídicas

Estas resoluciones judiciales evidencian la creciente exigencia de los tribunales respecto a la calidad de la prueba en los procedimientos sancionadores automatizados. La digitalización de los sistemas de vigilancia del tráfico no elimina las garantías de los ciudadanos ni reduce la obligación de la Administración de acreditar plenamente los hechos denunciados.

Las sentencias obtenidas por Pyramid Consulting refuerzan una idea fundamental: cuando una infracción no ha sido presenciada directamente por un agente, las imágenes deben ser suficientemente esclarecedoras y permitir apreciar, sin dudas razonables, la conducta sancionada. En caso contrario, los tribunales están anulando las sanciones, lo que supone un varapalo para la DGT y un alivio para los conductores que recurren.

Este debate jurídico pone de manifiesto la necesidad de equilibrar la eficacia de la vigilancia automatizada con el respeto a los derechos fundamentales. La presunción de inocencia y el derecho a la defensa exigen que cualquier sanción se base en pruebas sólidas, no en meras presunciones. La Administración deberá adaptar sus protocolos para garantizar que las imágenes captadas por cámaras automáticas sean lo suficientemente claras y concluyentes, o complementarlas con otros medios de prueba que permitan acreditar la infracción sin género de dudas.

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