La reforma del Reglamento General de Circulación, aprobada mediante el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, introdujo nuevas obligaciones para los conductores de vehículos de dos y tres ruedas. Entre ellas, el uso de calzado cerrado en todo tipo de vías y de guantes de protección en vías interurbanas. Sin embargo, la redacción inicial dejaba abiertas varias incógnitas que han preocupado a los motoristas durante los últimos meses: ¿qué se considera exactamente calzado cerrado? ¿Qué tipo de guantes son exigibles? ¿Y qué sanción conlleva no llevarlos?

Para resolver estas dudas, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado la Instrucción SANC 2026/25, firmada el 25 de septiembre de 2026. En ella se concreta el alcance de la norma y se establece que circular sin el calzado reglamentario o sin guantes no supondrá, en ningún caso, la pérdida de puntos del carné. Eso sí, la sanción económica se mantiene.

Qué se entiende por calzado cerrado

La propia DGT reconoce en su instrucción que, a diferencia de otros elementos de seguridad como el casco o el cinturón, el calzado cerrado no está sujeto a ningún reglamento de homologación o certificación. Esa ausencia de una norma técnica específica generaba incertidumbre entre los motoristas, que no sabían si sus botas o zapatos eran válidos.

Para aclararlo, el organismo se remite a la intención del legislador: impedir la conducción con los pies descalzos o con calzado tipo chancla, que por su diseño puede desplazarse o caerse del pie y comprometer el control del vehículo. En consecuencia, se considerará calzado cerrado aquel que disponga, al menos, de algún tipo de sujeción de los dedos y del talón.

Esta definición excluye explícitamente ir descalzo o con chanclas, pero deja margen para otro tipo de calzado que cumpla con esa sujeción mínima. Al tratarse de una medida orientada a evitar interferencias en la conducción y no de un elemento de protección en sentido estricto, la DGT aplica el principio de proporcionalidad y determina que esta infracción no conllevará retirada de puntos.

Guantes: sin modelo homologado por ahora

En cuanto a los guantes de protección, el Reglamento remite a unas especificaciones técnicas que podrá fijar en el futuro el Ministerio del Interior mediante orden ministerial. Mientras esa orden no entre en vigor, la disposición transitoria segunda del Real Decreto 518/2026 establece que se utilizarán guantes de las mismas características que los que se emplean en la actualidad.

Por tanto, hasta que se apruebe la orden, no serán exigibles requisitos técnicos específicos para considerar válido un tipo o modelo de guante en vías interurbanas. La infracción de no utilizarlos tampoco supondrá detracción de puntos. Esta aclaración supone un balón de oxígeno para los motoristas que, tras la entrada en vigor de la reforma, se preguntaban si sus guantes de siempre seguían siendo válidos.

La instrucción también especifica que la obligación de llevar guantes se circunscribe a las vías interurbanas, mientras que el calzado cerrado es exigible en cualquier tipo de vía. Esta distinción es relevante para quienes circulan habitualmente por ciudad y solo ocasionalmente salen a carretera.

No restar puntos no significa quedar sin multa

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la instrucción confirma que estas infracciones no restan puntos, pero sí mantienen la sanción económica. Desde Pyramid Consulting, firma especializada en la gestión y el recurso de multas de tráfico y transporte, insisten en esta idea: «Esta instrucción aporta seguridad jurídica en un momento en el que muchos motoristas no sabían si sus guantes o su calzado eran válidos. Conviene recordar que no restar puntos no significa que la conducta quede sin sanción: la multa económica se mantiene».

Además, desde el departamento jurídico de la firma recomiendan revisar cualquier denuncia por estos motivos, «especialmente si en ella figura una pérdida de puntos que, según el criterio de la propia DGT, no procede». La instrucción está dirigida a las unidades de la DGT y se ha hecho pública para su posible difusión a los ayuntamientos con policía local y a las diputaciones provinciales que tramitan expedientes sancionadores.

Por ello, Pyramid Consulting aconseja a los motoristas que reciban una denuncia por estos hechos, tanto en vías urbanas como interurbanas, que comprueben si se ajusta a los criterios establecidos por la DGT antes de pagarla, prestando especial atención a si incluye una pérdida de puntos que no corresponde.

Recomendaciones para los motoristas denunciados

Ante una denuncia por no llevar calzado cerrado o guantes, los expertos jurídicos recomiendan no pagarla de forma automática. Lo primero es verificar si el calzado o los guantes cumplen con la definición establecida por la DGT. En el caso del calzado, basta con que tenga sujeción de dedos y talón; en el de los guantes, al no existir aún una orden ministerial que imponga requisitos técnicos, cualquier guante de protección usado habitualmente podría considerarse válido.

Si la denuncia incluye una detracción de puntos, el motorista debe saber que, según la propia instrucción, esa pérdida no procede. En tal caso, puede alegar ante el organismo sancionador correspondiente. La instrucción SANC 2026/25 sirve como argumento jurídico para impugnar la sanción en lo relativo a los puntos.

La reforma del Reglamento General de Circulación tiene como objetivo principal la protección de los usuarios vulnerables de la vía. En ese contexto, las obligaciones de calzado y guantes buscan reducir riesgos en caso de caída o accidente. Sin embargo, la DGT ha querido matizar que no todas las infracciones conllevan la misma gravedad y que la pérdida de puntos se reserva para conductas de mayor riesgo.

Con esta instrucción, los motoristas españoles disponen ahora de un marco más claro sobre qué deben llevar y qué consecuencias tiene no hacerlo. La seguridad jurídica es mayor, pero la recomendación de revisar las denuncias sigue vigente para evitar sanciones que no se ajusten a derecho.

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El uso de sistemas automáticos de vigilancia del tráfico por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha abierto un nuevo frente judicial. En los últimos meses, diversos juzgados han estimado los recursos de conductores sancionados por, supuestamente, rebasar una línea longitudinal continua, al entender que las pruebas aportadas por la Administración no acreditan de forma inequívoca que la infracción se cometiera.

Estas denuncias se tramitan desde el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (CTDA) de León. La base probatoria suele consistir en dos fotografías captadas por cámaras instaladas en determinados tramos de carretera donde está prohibido adelantar.

El problema surge cuando ninguna de esas imágenes muestra realmente el momento en que el vehículo pisa o sobrepasa la línea continua. Habitualmente, la primera fotografía recoge el vehículo antes de la maniobra y la segunda cuando ya ha rebasado su posición inicial, pero ninguna refleja el instante exacto en que se habría producido la infracción.

La presunción de inocencia también rige en el procedimiento sancionador

Pyramid Consulting, firma especializada en el recurso y la gestión de multas de tráfico y transportes, viene defendiendo que estas denuncias vulneran principios básicos del procedimiento sancionador cuando la prueba aportada no resulta suficientemente concluyente. La jurisprudencia ha recordado de forma reiterada que la presunción de inocencia, reconocida en la Constitución, es plenamente aplicable en materia administrativa sancionadora. Ello implica que corresponde a la Administración acreditar los hechos constitutivos de la infracción mediante pruebas de cargo válidas y suficientes.

Cuando un agente de la autoridad observa directamente la infracción, su denuncia goza de una especial presunción de veracidad respecto de los hechos que ha percibido personalmente. Sin embargo, en los casos analizados no existe percepción directa por parte de ningún agente, sino una captación automática mediante dispositivos electrónicos. Precisamente por ello, las imágenes deben constituir una prueba clara, objetiva e indubitada de la conducta denunciada.

Dos fotografías «antes y después» no siempre demuestran la infracción

Los tribunales que han estimado los recursos han puesto el foco en un aspecto esencial: las fotografías aportadas no permiten observar al vehículo sobre la línea continua ni rebasándola. Según las resoluciones obtenidas por Pyramid Consulting, no basta con que la Administración deduzca a partir de una secuencia de imágenes que la infracción se produjo. Lo exigible es una acreditación visual suficiente de los hechos sancionados.

Como explica Vicente Ynzenga, responsable del Departamento Jurídico de Pyramid Consulting, «la Administración no puede sustituir la prueba de la infracción por una mera inferencia o reconstrucción de lo que supuestamente ocurrió entre una fotografía y otra». A su juicio, si el elemento esencial de la conducta denunciada es sobrepasar una línea continua, ese hecho debe quedar reflejado de forma clara y directa en el material probatorio incorporado al expediente.

Certificados del sistema, pero no de la infracción

Junto a las fotografías, la DGT suele incorporar diferentes certificados técnicos destinados a acreditar el correcto funcionamiento de las cámaras y del sistema de captación de imágenes. No obstante, desde el punto de vista jurídico, una cuestión es demostrar que el dispositivo funciona correctamente y otra muy distinta acreditar que una infracción determinada se ha producido efectivamente. Los tribunales están diferenciando ambos conceptos: el correcto funcionamiento técnico del equipo puede resultar necesario, pero no exime a la Administración de aportar una prueba suficiente de los hechos concretos atribuidos al conductor sancionado.

Por tanto, aunque el sistema esté correctamente homologado o certificado, la infracción debe quedar igualmente acreditada mediante imágenes u otros elementos probatorios que permitan apreciar de forma inequívoca la conducta denunciada.

La cuestión de la señalización previa de las cámaras

Otro de los aspectos que está generando controversia es la ausencia, en muchos expedientes, de documentación relativa a la señalización informativa de estos sistemas de control. La Administración debería acreditar la existencia y la correcta ubicación de los avisos que informan de la presencia de cámaras destinadas al control de adelantamientos y del respeto de las líneas continuas. Sin embargo, en numerosos expedientes no consta informe específico alguno que permita verificar la existencia, ubicación o visibilidad de dicha señalización.

Un debate con importantes consecuencias jurídicas

Estas resoluciones judiciales evidencian la creciente exigencia de los tribunales respecto a la calidad de la prueba en los procedimientos sancionadores automatizados. La digitalización de los sistemas de vigilancia del tráfico no elimina las garantías de los ciudadanos ni reduce la obligación de la Administración de acreditar plenamente los hechos denunciados.

Las sentencias obtenidas por Pyramid Consulting refuerzan una idea fundamental: cuando una infracción no ha sido presenciada directamente por un agente, las imágenes deben ser suficientemente esclarecedoras y permitir apreciar, sin dudas razonables, la conducta sancionada. En caso contrario, los tribunales están anulando las sanciones, lo que supone un varapalo para la DGT y un alivio para los conductores que recurren.

Este debate jurídico pone de manifiesto la necesidad de equilibrar la eficacia de la vigilancia automatizada con el respeto a los derechos fundamentales. La presunción de inocencia y el derecho a la defensa exigen que cualquier sanción se base en pruebas sólidas, no en meras presunciones. La Administración deberá adaptar sus protocolos para garantizar que las imágenes captadas por cámaras automáticas sean lo suficientemente claras y concluyentes, o complementarlas con otros medios de prueba que permitan acreditar la infracción sin género de dudas.

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